ALTERNATIVA INTEROCEANICA COLOMBIANA

CC. Rio_Atrato

Ildemar Garcia Medina. Capitán de Navío,

Magister Scientarum en Seguridad y Defensa,

Abogado Litigante, Especialista en Gerencia.

La aspiración de Colombia de disponer en su territorio de un canal que una los océanos Pacifico y Atlántico ha estado presente durante mucho tiempo. Ya en 1822, el Libertador había ordenado al Gobernador del Chocó a que trazara las tres millas del Canal de Raspadura que unirían el rio Atrato con el rio San Juan.  En el año 1870, el entonces presidente Eustorgio Salgar, firma un convenio con Luciano Bonaparte, sobrino de Napoleón, para construir un canal interoceánico. De hecho, en 1881 una compañía francesa inició las obras pero las dificultades técnicas incrementaron tanto los costos que la empresa quebró en 1989. Estos derechos de construcción y explotación fueron cedidos a los estadounidenses en 1903, el mismo año de  la separación de Panamá, concluyendo los norteños lo que hoy es el Canal de Panamá. En 1970, la representación Colombiana en las negociaciones con los Estados Unidos y Panamá para el estudio de nuevas alternativas de conexión interoceánica plantea el Proyecto del Canal Interoceanico Atrato-Truandó como una posibilidad real, pero no fue sino hasta 1984 que se retoma el interés cuando el presidente Betancur, mediante Ley 53 del 28 de diciembre, ordenó construir el canal interoceánico Atrato-Truandó, atravesando el departamento de Chocó.  Una de las principales motivaciones fue el incremento de la carga que pasaba por el Canal de Panamá y que generaba y aun lo hace, un gran retraso en el tránsito de los buques, además que los buques de mayor tonelaje tenían dificultades para cruzar el canal. El recorrido total lagos – canal sería de casi quinientos kilómetros. Pero este proyecto se congeló muy pronto, gracias entre otras a la propuesta del presidente Virgilio Barco, de construir un Puente Terrestre Interoceánico, consistente en “una vía férrea que uniera los dos litorales colombianos entre los puntos Bahía Ceverá, en el Golfo de Urabá, en el Atlántico, y Punta Aguacate en el Pacífico, siguiendo la serranía del Baudó y Darién, bordeando los pantanos del Atrato, con una longitud aproximada de 221 kilómetros y 8 kilómetros de túneles”. Esta iniciativa se paralizó por los altos costos del proyecto, cuyas obras requerían un total de 2.749 millones de dólares, según cálculos de 1991. En 1996, el presidente Ernesto Samper creó la Comisión Asesora Interinstitucional para el Estudio del Proyecto de Construcción del Canal Interoceánico y el Bioparque del Darién. Sin embargo, se sabe que el proyecto de canal interoceánico fue aplazado debido a los altos costos (11 mil millones de dólares, aparentemente calculados por la Comisión Asesora) ya que para 2014 se tenía proyectada la finalización de las obras de ampliación del canal de Panamá, además de las graves consecuencias ecológicas que generaría inundar 160.000 hectáreas de bosque tropical. Existe un libro titulado “El canal Atrato-Truandó” escrito por Alberto Mendoza Morales en donde se hace una descripción más detallada de todas las actividades que se han generado con respecto a este proyecto.

Sin embargo, el interés del gobierno colombiano de unir ambas costas oceánicas no se ha desvanecido y en fecha reciente el presidente Santos, en declaraciones para el diario británico Financial Times, anunció que su gobierno está estudiando “seriamente” una propuesta del gobierno chino para construir una vía férrea que, a través de territorio colombiano, conecte el océano Atlántico (al parecer desde Cartagena o una nueva ciudad cercana, cuya construcción haría parte del proyecto) con el océano Pacifico (a un sitio aun no especificado). El proyecto, que en palabras de Santos sugiere “no generar expectativas exageradas”  consiste en la construcción de una conexión ferroviaria de 220 kilómetros de longitud, que uniría al Pacífico colombiano con el Atlántico, como alternativa al Canal de Panamá.

Solo el tiempo y las expectativas económicas de las autoridades colombianas y de sus aliados, aunado a las inminentes necesidades de incrementar la oferta de transportación de materia prima y productos terminados desde un océano a otro, determinarán la realización de este mega Proyecto en el futuro.

 Fuente: http://issuu.com/marcofuentes0/docs/rev._maritima_edic_3

Las Dependencias Federales en el Ordenamiento Jurídico Vigente

Los Roques. Paraiso Venezolano. bitacoradevenezuela.wordpress.com
Los Roques. Paraiso Venezolano. bitacoradevenezuela.wordpress.com

Jeannette Pérez.

El artículo 11 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “…La soberanía plena de la República se ejerce en los espacios continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores, históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República;..” este instrumento fundamental, sustituye desde su promulgación en el año 1999, el concepto restringido de “territorio” por el de “espacios geográficos”, como expresión más amplia.

De igual forma el artículo 17 de la Constitución, establece que el régimen político territorial para el sistema insular: “Las dependencias federales son las islas marítimas no integradas en el territorio de un Estado, así como las islas que se formen o aparezcan en el mar territorial o en el que cubra la plataforma continental. Su régimen y administración serán señalados en una ley”.

Se establece además en la Constitución que “…Sobre los espacios acuáticos constituidos por la zona marítima contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva, la República ejerce derechos exclusivos de soberanía y jurisdicción en los términos, extensión y condiciones que determinen el derecho internacional público y la ley”.

Esa soberanía en esos espacios constituye el poder de actuación que de manera exclusiva tiene el Estado sobre el territorio y demás espacios geográficos, con los únicos límites que el Derecho Internacional haya fijado.

En fecha 27 de octubre de 2011, se promulgó en Gaceta Oficial Nº 39.787, de ese mismo año, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales[1], mediante Decreto Nº 8.513 de fecha 15 de octubre de 2011, constituyendo ésta la vigente norma que regula las Dependencias Federales en la República Bolivariana de Venezuela.

En este contexto la Constitución, en concordada relación con el Decreto, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales del año 2011, sientan las bases para la organización del régimen político administrativo que consolida la creación de unidades políticos territoriales con personalidad jurídica y patrimonio propio denominados Territorios Insulares.

            El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de las Dependencias Federales, tiene como objetivo fundamental el establecimiento y desarrollo de las bases para la organización del régimen político administrativo de las Dependencias Federales, por lo que su Artículo  5º, señalan lo siguiente:

 

Artículo 5º. Los territorios insulares se crearán mediante ley especial que a tal efecto se dicte, la cual regulará su régimen político administrativo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de República Bolivariana de Venezuela y demás leyes del ordenamiento jurídico vigente.

            Es deber ineludible del Estado venezolano garantizar la soberanía nacional y funcional en los espacios marítimos e insulares de la República, razón por la cual el Poder Ejecutivo debe estimular el desarrollo de estas zonas como vía que permita su presencia activa, el bienestar de las comunidades asentadas en dichas zonas, y la preservación de los recursos y minerales existentes.

 

El Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos[2], el cual aplicable a los espacios acuáticos que comprenden las áreas marítima, fluvial y lacustre de la República Bolivariana de Venezuela.

            Ese mismo Decreto-Ley, en su artículo 5º, establece como una Política Acuática del Estado, garantizar la integración territorial y la soberanía nacional, al señalar en su numeral 9º “El poblamiento armónico del territorio insular, costas marítimas, ejes fluviales y espacio lacustre”, estableciendo además que en su artículo 6º que declara de interés y utilidad pública todo lo relacionado con el espacio acuático, insular y portuario.

En tal sentido, el poder del Estado se materializa en un instrumento legal creado a tales fines, en cumplimiento a su vez del mandato Constitucional y las leyes, mediante el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda[3], Nº 8.549, publicado en Gaceta Oficial Nº 39.797, de fecha 10 de noviembre de 2011, en el cual se establece la organización, gobierno, administración, competencias y recursos del nuevo Territorio Insular Francisco de Miranda, como unidad político territorial, el cual comprende las Dependencias Federales, conformadas por: El Archipiélago de La Aves, el Archipiélago de Los Roques y el Archipiélago de la Orchila, conjuntamente con los demás limites que se establecen en el artículo 2° de esa Ley.

El área geográfica que conforma el Territorio Insular Francisco de Miranda, comporta una serie de potencialidades y recursos de gran importancia que amerita la aplicación de una política de Estado en ese espacio insular, con el fin que su organización, administración y gobierno, como unidad político territorial independiente se ejerza en una forma más directa, en beneficio de sus pobladores, apoyando el desarrollo de la investigación y explotación pesquera, acuícola, exploración y explotación de recursos energéticos, desarrollo turístico, entre otras áreas, que contribuyen a garantizar la satisfacción de necesidades de la población y el fortalecimiento de la soberanía nacional.

 

[1] Ley Orgánica de las Dependencias Federales. Gaceta Oficial Nº 39.787 de fecha 27 de octubre de 2011.
[2] Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Gaceta Oficial Nº 5.890, Extraordinario de 31 de julio de 2008.
[3] Ley de Creación del Territorio Insular Francisco de Miranda. Gaceta Oficial Nº 39.797 de fecha 10 de noviembre de 2011.
http://issuu.com/marcofuentes0/docs/rev._maritima_edic_22-web

 

MAR PATRIMONIAL, GOBERNANZA Y SOBERANIA. #SectorAcuatico EL CASO VENEZOLANO

Capitán de Navío Gastón Correa Boscán

MAR BAJO SOBERANÍA Y JURISDICCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

 

 

La República Bolivariana de Venezuela tiene bajo su Soberanía y/o Jurisdicción un área marina de 585.000 Km2, correspondientes al 22% del Mar Caribe, extensión geográfica que nos permite  sumar a nuestros 916 445  km² de superficie terrestre este espacio acuático, para totalizar 1.501.445 km². Esa área marina constituye el Mar Patrimonial de Venezuela.

 Esta gran extensión de mar,  de altísimo valor Geopolítico, Geoestratégico y Geoeconómico, representa un inmenso y rico patrimonio, considerando lo amplio de un  lecho marino de esas dimensiones y el volumen de agua que resulta de multiplicar por una profundidad media de 3 Km.

 Compete al estado Venezolano el ejercicio de la soberanía, la cual a su vez conlleva todas la acciones correspondientes a la delimitaciones de áreas marinas y submarinas pendientes, cumplimiento de los aspectos relativos a la Seguridad y Defensa Nacional, explotación de la inmensa riqueza hidrocarburífera presente en el suelo marino, regulación de toda actividad arqueológica a desarrollar para  descubrir y extraer los Pecios que seguramente yacen en el fondo del mar, regulación y supervisión de la pesca en todas sus modalidades y en general de cualquier otra explotación de los recursos biológicos y bioenergeticos, el uso y protección de los yacimientos de nódulos polimetálicos que reposan en el lecho marino, regulación y protección de ductos y conductores submarinos, la seguridad de la navegación comercial y de recreo, el ejercicio de las responsabilidades de la Nación sobre la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y en general las diversas actividades que se llevan a cabo en nuestro Mar Patrimonial. El ejercicio de la Soberanía por tanto implica, en una manera más amplia, la efectiva aplicación de la Gobernanza Oceánica o extrapolada a un concepto más amplio, como la  Gobernanza de los Espacios Acuáticos.

 La gobernanza oceánica (“LA POLITICA MARITIMA Y LA PLANIFICACION ESPACIAL” Proyecto MEC (SEJ2007-66487/GEOG) Universidad de Sevilla), puede definirse como un conjunto de reglas, prácticas e instituciones que interactúan a todos los niveles para proporcionar equidad y sostenibilidad en la asignación y gestión de los recursos y espacios oceánicos, es decir, se trataría de un sistema de gobierno sui generis en el que habría que tomar en consideración reglas formales e informales, antiguas y nuevas estructuras de poder (tanto las instituciones estatales como los demás actores sociales: ONGs ambientalistas, empresas de explotación de recursos marinos, trabajadores del mar,…), eficiencia y equidad en la gestión de los recursos, y mecanismos de resolución de conflictos en cuanto al acceso al océano, especialmente teniendo en cuenta que los problemas son más agudos en un ámbito de actores interdependientes. Podemos decir también que es, igualmente, un proceso de gestión/ordenación integrada de las actividades socioeconómicas marinas, de protección/restauración del medio ambiente marino y de mantenimiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas que dependen de este ámbito para su supervivencia, o, lo que es lo mismo, un desarrollo oceánico sostenible. Se trata, en suma, de un proceso de optimización de beneficios (para las actuales y futuras generaciones) a partir de los recursos costero-marinos a través de un conjunto de leyes, reglas, medidas y estrategias organizativas y de gestión. Estos conceptos aplican perfectamente al ámbito estrictamente relativo a los espacios acuáticos jurisdiccionales de Venezuela, para los que atañen los intereses nacionales y del pueblo venezolano. De esto se deriva la Gobernanza de los Espacios Acuáticos.

 Entre los principios en los que se asienta la gobernanza de los espacios acuáticos podríamos señalar, por ejemplo, la consideración que siendo un bien común, debemos potenciar su desarrollo, proteger sus ecosistemas, fomentar su uso pacífico y favorecer el acceso equitativo a sus recursos, la interconectividad (interrelaciones entre los distintos componentes del sistema oceánico, y entre éstos y los sistemas sociales), o el propio concepto de desarrollo sostenible. Podemos añadir a ellos la responsabilidad de individuos y corporaciones a la hora de usar eficiente y sosteniblemente los recursos acuáticos, la escala adecuada de actuación, la precaución frente a las potenciales amenazas al medio y a las dudas razonables que plantee un uso determinado, la gestión adaptable y mejorada continuamente, y la participación de distintos actores socioeconómicos en la formulación e implementación de decisiones de política oceánica.  Algunos autores indican, como ejemplos de aplicación de los principios de la gobernanza, la co-gestión pesquera, la gestión integrada de los recursos hídricos o las áreas marinas protegidas.

 Para ejercer efectivamente la Soberanía, y aplicar la correspondiente Gobernanza de los espacios acuáticos, es necesario conocer perfectamente lo que en esos espacios existe y cuál es su potencial, para lograr esto debemos  enfatizar dos aspectos fundamentales, la Investigación Hidrográfica y Oceanográfica  y el Patrullaje Marítimo, conducidos y ejecutados, en forma exclusiva, con medios propios de Venezuela, bajo criterios científicos y con tecnología de última generación, para lo cual disponemos de los recursos  principalmente humanos, así como organizacionales, materiales y económicos suficientes, para alcanzar los  objetivos en corto plazo, preservando con estas  acciones, por razones obvias, la seguridad de la información recaba y procesada, que es INFORMACION SOBERANA.

 El ejercicio pleno de nuestra Soberanía y el disfrute de nuestra Independencia, requieren el asumir plenamente el Control de nuestro Espacio Marítimo, como parte integral del Territorio Nacional; la inversión que en esta área se haga, se verá plenamente recompensada en, Seguridad y Defensa, dominio de la información Oceanográfica e Hidrográfica, desarrollo científico, auge de la Industria Naval con la construcción, alistamiento y reparación de embarcaciones, particularmente oceanográficos y en general, en la capacidad de acometer un explotación sustentable de los recursos contenidos en ese inmenso piélago.

Fuente: http://elespacioacuaticovenezolano.com/

Agujeros de donuts en Aguas Internacionales

 

agujeros de donots

Agujeros de donuts en las aguas internacionales es un mapa que muestra interactiva que tiene la soberanía sobre los mares de todo el mundo. El mapa también resalta ‘agujeros de donuts’, áreas en el mar, que se encuentran dentro de las 200 millas náuticas de dos países diferentes, pero que son de la misma distancia de cada país . Agujeros de Donuts son designadas como aguas internacionales. Para crear el mapa de la autora, Dmitriy Skougarevskiy, tuvieron que diseñar un mapa interactivo que incluye las fronteras marítimas estatales que definen la soberanía de cada país sobre los mares del mundo. Él también tuvo que crear su propia capa de batimetría. Un post en el Blog CartoDB explica con cierto detalle cómo Dmitriy creó su mapa marítimo que parece hermoso.

Fuente:

http://googlemapsmania.blogspot.com/2014/04/donut-holes-in-international-waters.html